Anarella Vélez
“La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”
CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARA
La Violencia contra las Mujeres –VcM- sigue causando más muertes y daños -a las mujeres e de 15 a 44 años de edad- que la malaria, el sida o la guerra (Carcedo, 2012). Actualmente se sabe que la violencia es uno de los medios más efectivos y la expresión más brutal y explícita de dominación y subordinación de las féminas en la sociedad patriarcal. A través de ésta se imponen diversos y numerosos soportes ideológicos, morales, políticos, económicos y legales para el ejercicio de la autoridad de varones sobre ellas.
Desde diversas ciencias se trabaja en la tipificación y el refinamiento de las definiciones de nuevas formas de expresión de la VcM a fin de comprender la especificidad de éste fenómeno que afecta a un número cada vez mayor de mujeres.
La Historia analiza la sobrevivencia de antiguas prácticas sociales que permiten el ejercicio generalizado de la VcM y , a pesar que el derecho de los hombres a ejercerla ya no es explícitamente reconocida, en la mayoría de las sociedades del hemisferio occidental, ellos siguen ejerciendo una soberanía sobre el cuerpo de las mujeres cuya fase más extrema es la de “hacer vivir o dejar morir” (Segato, 2003).
El triple femicidio (forma extrema, mortal, de la violencia contra las mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres) sucedido el 1 de junio, que le arracó la vida a la ingeniera Tania Carolina Lau Cooper y de las empleadas domésticas, Norma Ramos y María Hernández, pone de manifiesto, una vez más, que La VcM trasciende a todos los sectores de la sociedad, es independiente a la clases social a la que se pertenezca, la raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta profundamente a toda la sociedad.
En este caso, que ha conmovido a la hondureñidad, se refleja que el hechor puso en ejecución un patrón de violencia ejercido en contra de las mujeres, se trata de lo que, en la jerga técnica se conoce como violencia específica, cuya característica más notable es la saña agregada al crimen.
Estas agresiones letales van en aumento y reflejan las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Hasta ahora son las feministas quienes, desde la década de los 70 vienen señalando que éste es un problema social y político y debe abordarse como tal. Demandan que este asunto sea parte importante de la agenda pública y que por tanto deben discutirse y aprobarse reformas urgentes que pongan fin a la negación de los Derechos Humanos de ellas.
Las mujeres esperamos que, de una vez por todas, se castigue lo que es castigable, el hecho de ser mujeres no debe ser causa para sufrir violencias de ninguna índole. Este es un problema que se debe ser abordado de acuerdo a sus dimensiones y a su gravedad.
La VcM no es un tema privado, es público y refleja relaciones desiguales de poder entre los sexos. Consecuentemente el Estado debe asumir el compromiso de garantizar el cese a este fenómeno social. Específicamente, es obligación del Gobierno responder a las exigencias del movimiento de mujeres, particularmente de las feministas, el adoptar las políticas que contribuyan a transformar los patrones de dominación institucionalizada, particularmente a través de la educación formal y no formal.
Ya es tiempo que el Gobierno escuche las exigencias de la sociedad y comience a generar las normativas necesarias para que, de manera efectiva, se adopten la prevención, la protección , la sanción y reparación integral del daño sufrido por las mujeres, tal cual lo señala la Convención de Belém do Pará.
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